16/11/2022

La Ley de Orden Público es una piedra angular de la política de ‘Paz Total’ de Petro. Gwen Burnyeat, Andrei Gómez-Suárez y Alejandro Posada Téllez analizan los interrogantes que deja y los retos de su implementación.

El 4 de noviembre de 2022, el presidente Gustavo Petro sancionó la Ley 2272 de 2022, que prorroga y modifica la Ley 418 de Orden Público, también conocida como la ley de ‘Paz Total’. Esta ley busca abrir el camino jurídico y legal hacia los diálogos, negociaciones de paz y acogimiento a la justicia de los diferentes grupos armados ilegales que operan en Colombia. Junto con la implementación plena del Acuerdo de Paz de 2016, la ‘Paz Total’ supone un cambio de paradigma en la búsqueda de la paz en Colombia. Sin embargo, su realización enfrenta múltiples retos.

Los objetivos del gobierno con esta ley son ambiciosos. Busca negociar con grupos armados insurgentes como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y desarticular todos los grupos de crimen organizado de alto impacto que operan en el país. Igualmente, la ley busca establecer la paz como política de Estado, lo cual vincula a la totalidad del gobierno en la construcción de paz, entendida no solo como ausencia de la guerra, sino de una forma más amplia que recoge políticas sociales, ambientales, económicas y culturales.

Fuente: El País

Los puntos clave de la Ley

La ley contempla dos procesos distintos para desmontar grupos armados ilegales. Primero, propone abrir diálogos con estructuras armadas organizadas que tengan reconocimiento político para lograr acuerdos de paz. Segundo, plantea un proceso de sometimiento a la justicia para las estructuras de crimen organizado de alto impacto, al tiempo que establece una comisión de alto nivel para caracterizar los diferentes grupos y determinar los criterios de negociación. Dicha comisión estará compuesta por el Alto Comisionado para la Paz, el Ministro de Defensa, y el director de los servicios de inteligencia. En la práctica, esto significa que habrá una negociación con el ELN y un sometimiento de los Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y otras bandas criminales dedicadas al narcotráfico. La ley no cierra la puerta a volver a negociar con desertores del acuerdo de 2016, como Iván Márquez y otros miembros de la ‘Segunda Marquetalia’, ni con las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), lideradas por Iván Mordisco. Sin embargo, no estipula que tratamiento se les dará.

La ley permite establecer acuerdos parciales con grupos armados, a diferencia del proceso de paz con las FARC-EP, que funcionaba bajo la premisa “nada está acordado hasta que todo esté acordado”. Los acuerdos que se alcancen, sean totales o parciales, deberán ser incorporados a los planes de desarrollo nacional, para garantizar recursos para proyectos y políticas públicas orientadas hacia la construcción de paz. Además, se priorizan los planes de desminado humanitario; los grupos ilegales que se acojan a la paz total identificarán zonas de riesgo y contribuirán en la labor de desminado.

Los objetivos del gobierno con esta ley son ambiciosos. Busca negociar con grupos armados insurgentes como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y desarticular todos los grupos de crimen organizado de alto impacto que operan en el país. Igualmente, la ley busca establecer la paz como política de Estado, lo cual vincula a la totalidad del gobierno en la construcción de paz, entendida no solo como ausencia de la guerra, sino de una forma más amplia que recoge políticas sociales, ambientales, económicas y culturales.

Se propone crear “regiones de paz” – constituidas por el presidente – para realizar diálogos entre diferentes actores locales y solucionar problemas humanitarios, considerando las distintas problemáticas territoriales. Para estos diálogos, el presidente podrá designar Comisionados de Paz Regionales en estas regiones. Se priorizará a los municipios más golpeados por la violencia y a las regiones de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Junto a estas regiones, se crea la figura de “zonas de ubicación temporal” para el desarme de los grupos armados, donde se podrán levantar las órdenes de captura para ese fin, aunque se deja claro que ni las regiones de paz ni las zonas de ubicación serán desmilitarizadas.

Para harmonizar los esfuerzos del gobierno en la búsqueda de la paz, la ley estipula la creación de un Gabinete de Paz, que asegura que cada ministerio tenga objetivos concretos en la materia, se articulen entre sí, y se garantice un proceso de rendición de cuentas.

Finalmente, la ley reemplaza el servicio militar obligatorio por el “Servicio Social para la Paz”. Aunque no se elimina la obligatoriedad del servicio militar, los jóvenes podrán acceder a 11 modalidades de servicio social como alternativa. Estas incluyen promover la alfabetización digital en zonas rurales y urbanas, proteger los derechos de víctimas del conflicto, apoyar la implementación de acuerdos de paz, y trabajar para la conservación de la naturaleza y biodiversidad, entre otras.

Fuente: El Espectador

Interrogantes que deja la Ley

Una duda que deja la ley es si se les dará reconocimiento político a las disidencias de las FARC-EP – algo que tendrá que ser evaluado por la comisión de alto nivel mencionada anteriormente. Un debate álgido ha girado en torno a cómo definir el carácter ‘político’ de grupos armados, puesto que no existe un consenso alrededor de este término. Esto se complica aún más por el hecho de que todos los grupos están involucrados por un lado en actividades criminales, y por otro lado, tienen injerencia sobre las estructuras políticas y administrativas en las regiones donde operan. Existe preocupación de que grupos delincuenciales se escabullan bajo una fachada política para obtener beneficios en las negociaciones de paz.

La ley tampoco estipula si se diferenciará a las disidencias que nunca entraron al proceso de negociación con el gobierno Santos de los desertores de ese proceso, pero ofrece la oportunidad de negociar con ambos grupos. La vicepresidenta Francia Márquez dijo que habrá negociaciones con la ‘Segunda Marquetalia’, dado que sus miembros fueron víctimas de un “entrampamiento” por parte del Fiscal General de la Nación, refiriéndose a cuando a Jesús Santrich se le vinculó con negocios de narcotráfico para facilitar su extradición. A pesar del encuentro en octubre entre el Alto Comisionado para la Paz Danilo Rueda e Iván Marquez, habrá que esperar a la caracterización que haga la comisión de alto nivel para este grupo también.

Durante el paso del proyecto por el Congreso, hubo duros cuestionamientos respecto al reconocimiento político a las disidencias, especialmente por parte del senador y antiguo jefe negociador del gobierno Santos Humberto de la Calle y del Fiscal General Francisco Barbosa. Mientras que el senador declaró que darle una segunda oportunidad a quienes traicionaron el acuerdo contradice normas constitucionales y promueve una “cultura del repechaje”, el Fiscal cuestionó la viabilidad de las negociaciones con estos grupos, diciendo que “las disidencias tendrían que someterse a la justicia ordinaria”. Es claro que no hay consenso dentro del Estado frente a este tema y estas posturas contradictorias no contribuyen a generar confianza frente al alcance e implementación de la ley.

Asimismo, existe preocupación entre algunos sectores por el estatus político de bandas criminales. Por ejemplo, las AGC se autodefinen como un grupo político y militar; una organización de resistencia civil en armas con un componente social. A la par, el grupo paramilitar Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada reveló recientemente que buscará ser reconocido como un actor político. Es posible que algunas bandas criminales intenten reclamar un carácter político para acceder a beneficios que no serían ofrecidos mediante un sometimiento a la justicia. También existe el riesgo de que algunos grupos armados empleen violencia en contra de la fuerza pública o la población civil para presionar el gobierno en otorgarle estatus político para negociar. El papel de los servicios de inteligencia en la comisión de alto nivel será clave para hacer la respectiva caracterización.

Por otro lado, la ley no menciona el tratamiento que recibirían las estructuras criminales extranjeras que operan en Colombia (mexicanas, italianas, rusas, venezolanas, albanesas). El carácter jurídico de estos grupos es incierto en un escenario de sometimiento, y desmantelarlos podría involucrar pedidos de extradición y colaboración con otros gobiernos, pues Colombia no puede actuar de manera unilateral frente a estos casos. Además, si otros grupos armados se desarticulan y dejan vacíos de poder territorial, estos podrían ser llenados por estructuras extranjeras.

La ley tampoco aclara cómo se llevarán a cabo los diálogos en zonas donde hay varios grupos armados en disputa por el territorio. En estos casos, es incierto si se abrirán distintas mesas de diálogo simultáneas con los diferentes actores, o si se podrá incorporar a múltiples estructuras armadas a una misma mesa. Es posible que no todos los grupos presentes en una región busquen dialogar con el gobierno al mismo tiempo, por lo que se deberá manejar los tiempos de los distintos procesos con cautela.

Otro interrogante es si se crearán nuevos mecanismos de justicia transicional para grupos con estatus político, como lo han sugerido representantes del gobierno, o si se podría ampliar el mandato del entidades creadas en el Acuerdo de 2016, especialmente la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Esto está fuera del alcance de la ley, pero para su implementación el gobierno tendrá que garantizar los derechos de las víctimas y tener en cuenta los estándares internacionales en la materia.

Fuente: Semana

Pedagogía y diálogo para promover el entendimiento público de la ‘Paz Total’

La Ley de Orden Público es solamente un primer paso para establecer las bases jurídicas de la política de ‘Paz Total’. El esquema de sometimiento a la justicia se tendrá que desarrollar en otro proyecto de ley. A pesar de los retos que enfrenta esta ambiciosa politica, la ‘Paz Total’ ha recibido un claro espaldarazo por parte de la comunidad internacional, como lo demuestra la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que amplió el mandato de la Misión en Colombia.

Su implementación implica un cambio de paradigma en el abordaje de la construcción de paz por parte del Estado. Sincronizar las regiones de paz con las zonas de ubicación temporal para negociar con todos los grupos armados exigirá al maximo a la institucionalidad, la sociedad y a la comunidad internacional, y requirirá de colaboración y articulación entre todos. Por ahora, una tarea importante es hacer pedagogía para difundir el sentido de esta política frente a la sociedad y promover diálogos al respecto, con el fin de preparar a los ciudadanos para involucrarse de lleno en la construcción de una paz total en Colombia.

Related topics: analysis, ELN, FARC-EP, Ley de Orden Público, Paz Total, petro