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Una grave crisis de seguridad, penetración de grupos armados en la vida política regional, y problemas económicos y ambientales son tres retos que Chiara Chiavaroli y Andrei Gómez-Suárez identifican para la política de “paz total” del gobierno Petro en el Bajo Cauca antioqueño.
Desde su posesión, el 7 de agosto de 2022, el presidente Gustavo Petro ha invitado a todos los grupos armados ilegales a buscar una salida negociada al conflicto armado como parte de su apuesta de “paz total”. Mientras con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) el gobierno logró reiniciar el proceso de paz en el Octubre de 2022 y está ad portas de abrir otra mesa de negociación con las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), con las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC, conocidas también como Clan del Golfo) está en cuestión hoy la posibilidad de establecer un diálogo, a pesar que este grupo haya manifestado la intención de unirse a la “paz total” y reducido su accionar ofensivo contra la fuerza pública. Acciones violentas como las que se han generado en el marco del paro minero en Bajo Cauca, que empezó en Caucasia el 2 de marzo 2023 y por el cual el 20 de marzo el presidente Petro se desplazó a Caucasia para un consejo de seguridad, evidencian los retos y las oportunidades de construir la “paz total” en los territorios que se encuentran bajo el control de las AGC.
En el contexto del paro minero, los municipios de Cáceres, Nechí, El Bagre, Zaragoza, Tarazá y Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño, han vuelto a vivir las dinámicas de guerra. El cierre de comercios e instituciones educativas, la falta de movilidad entre cascos urbanos y veredas, los toques de queda y la intensa militarización del territorio muestran cómo las dinámicas violentas que históricamente han caracterizado el operar del paramilitarismo en la región vuelven a activarse en momentos de crisis. Lo anterior evidencia tres retos para la implementación de la “paz total”, en los términos de la Ley 2272 de 2022, en los territorios caracterizados por una dependencia económica de la producción de coca y de la minería ilegal.
La crisis de seguridad y el diálogo
El primer reto para la “paz total” en el Bajo Cauca es una grave crisis de seguridad generada por varios grupos armados en el marco del paro minero, evitando la excesiva militarización. Aunque las AGC han consolidado su poder en la región en los últimos 20 años, después de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el Bajo Cauca ha sido una zona de presencia histórica del ELN. Recientemente, el frente 33 del Bloque Magdalena Medio de las disidencias de las FARC-EP y Los Caparros también hacen presencia allí. La presencia de estos actores armados en la vida política regional vuelve la protesta social en un detonador de conflictos. La crisis de seguridad se ha generado a raíz de acciones violentas como la quema de vehículos de transporte público, ambulancias, enfrentamientos con las fuerzas pública, y acciones vandálicas por parte de las AGC. Estas acciones se han dado en respuestas a la quema por parte de las fuerzas armadas de varias dragas que practicaban minería ilegal entre el Bajo Cauca y el sur de Córdoba entre el 2 y el 20 de marzo de 2023.
Existe un proceso de diálogo con el gremio minero, liderado por la ministra de Medio Ambiente Susana Muhamad y el director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior Franklin Castañeda, el cual ha sido puesta a prueba en este territorio donde la violencia armada se activa en momentos de crisis. El gobierno Petro ha sido acusado por los medios nacionales y por sus antagonistas políticos de permisividad e ingenuidad frente a los grupos armados, en particular a las AGC. El expresidente Álvaro Uribe ha resaltado la supuesta debilidad de los intentos hechos por el gobierno para garantizar la seguridad en la región y se ha propuesto como vocero de los mineros. El gobierno Petro ha desplegado una intervención militar en el Bajo Cauca buscando proteger los derechos de las comunidades. Sin embargo, durante su campaña electoral, Petro prometió a regiones como el Bajo Cauca una solución no militar a las economías ilícitas como la coca y el oro. Por tanto, las comunidades y las organizaciones cercanas a Colombia Humana esperan del gobierno una solución alternativa.
El paro minero se ha convertido en un escenario para que el gobierno muestre su capacidad de articular la política de seguridad humana y la “paz total”. El 19 de marzo, en la vía entre Caucasia y Medellín seis vehículos fueron incendiados por desconocidos. En respuesta, Petro suspendió el cese al fuego bilateral con las AGC, firmado el 30 de diciembre de 2022 según el decreto 2658, y reactivó las operaciones militares. Las AGC contestaron con un panfleto en el que acusaron al ELN de ser el verdadero responsable de las acciones violentas. De acuerdo con este panfleto, el ELN tendría la intención de sabotear los acercamientos de las AGC con el gobierno. Las AGC han rechazado estas acciones violentas declarándose, al mismo tiempo, dispuestos a seguir avanzando en un proceso de diálogo con el gobierno. Los lideres sociales y las organizaciones de base han expresado temor a la reactivación de operaciones militares, debido a las reacciones violentas que las AGC podrían desatar contra la población. El reto, por consiguiente, es adelantar una política de seguridad humana que vaya más allá de la tradicional militarización del territorio.
La penetración de grupos armados en la vida política y la estigmatización de la protesta social
Un segundo reto para la construcción de “paz total” es la profunda penetración de los grupos armados en todos los escenarios de la vida política regional en el Bajo Cauca. Durante el paro minero, una tensión se ha generado frente a la participación de las AGC en la movilización. En varios medios de información tanto nacionales como locales el paro ha sido tildado como una “movilización postiza” impulsada por actores armados. El gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria declaró en El Tiempo que “el Clan del Golfo” estarían utilizando el paro minero “como fachada de sus desmanes”. Bajo estas acusaciones de colusión con las AGC, el comité del paro ha rechazado las acciones violentas. Sin embargo, Saúl Bedoya, su vocero principal ha sido acusado de haber generado conflicto en la región, y declara que esto ha aumentado su riesgo de seguridad. El comité del paro y organizaciones cercanas a los mineros han defendido la naturaleza política e independiente de la movilización, argumentando que sus peticiones principales son: 1) la formalización y reconocimiento de la minería informal en la región, 2) la creación de un distrito minero 3) la ejecución de un plan piloto para que el Bajo Cauca sea declarada zona de minería especial, y 4) que se respete el uso de maquinaria durante las actividades de minería y que esta no sea destruida por la fuerza pública.
En el Bajo Cauca, donde todos los actores (incluso las alcaldías, las empresas, las fuerza pública) se relacionan con los grupos armados que hacen presencia en el territorio, se corre el riesgo de estigmatizar la protesta social por la dificultad de trazar una distinción clara entre los diferentes actores. Gran parte de las tensiones del paro se han generado alrededor de las quemas de maquinaria (retroexcavadoras y dragas), cuya utilización para la extracción está prohibida por el articulo 106 de la Ley 1450 de 2011 y cuya quema es establecida como medida necesaria por el artículo 6 de la Decisión 774 de 2012 de la Comunidad Andina de Naciones. En el marco del paro minero, los intereses del comité del paro coinciden parcialmente con los de las AGC, que se financian con la maquinaria, participando directamente a la extracción o cobrando “vacuna” a los mineros que las operan. Sin embargo, esto no significa que no haya también un gremio minero independiente que se esté movilizando. El hecho de que varias de las máquinas sean de propiedad de las AGC y que representen una fuente de financiación para los grupos armados vuelve este tema un reto crucial para el gobierno, que necesita articular el control de la minería ilegal de gran escala de los actores criminales con el dialogo con el gremio minero.
La crisis humanitaria y la conversión económica de la región
La crisis humanitaria en el Bajo Cauca ha evidenciado un tercer reto para la “paz total”, causado por desigualdades económicas y la necesidad de un nuevo ordenamiento ambiental. Aunque el comité del paro se ha enfocado en el cese de la quema de las maquinarias como punto crítico de las negociaciones, otras organizaciones locales han intentado poner en la mesa de las negociaciones temas estructurales relacionados con el desarrollo socio-económico. La reconversión de las economías ilícitas locales bajo un marco de respecto del medio ambiente y de producción sostenible emerge en este contexto como una problemática central para la región.
La dependencia de economías ilícitas representa un gran obstáculo para la construcción de paz. El Bajo Cauca es la región del departamento de Antioquia con mayores necesidades básicas insatisfechas y con más déficits de vivienda rural. En 2021 el 57.79% de las personas en Bajo Cauca, tenían ingreso per cápita debajo de la línea de pobreza. Además, es la región de Antioquia con mayor tasa de homicidios, desaparición forzada, y reclutamiento forzado. Al igual que la coca, la minería es uno de los grandes motores económicos del Bajo Cauca y, aunque los dueños de maquinaria no sean, generalmente, mineros de bajo recursos, de estas máquinas ilegales depende una gran parte de la economía de la región. Operadores de máquinas, trabajadores, mineros artesanales que trabajan las tierras movidas por estas máquinas, y mujeres empleadas por sus dueños para cocinar y atender los trabajadores, sobreviven gracias a esta economía. Esta dependencia complejiza la voluntariedad de la participación en las movilizaciones. Muchas de las personas que se encuentran en la movilización son trabajadores de máquinas cuya permanencia en Caucasia es soportada por sus dueños. Muchas personas están de acuerdo con que no se queme la maquinaria porque es la fuente de trabajo y dicen que participan en las marchas para no perder su trabajo. Este modelo económico extractivista ha permeado también el territorio de muchas comunidades étnicas que hoy dependen, de forma más o menos directa, de la minería.
En el Bajo Cauca, así como en varias otras regiones del país, existe un acumulado histórico de intentos de reconversión de economías ilícitas que ha fracasado. Los municipios del Bajo Cauca están incluidos en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y la región ha sido uno de los núcleos pilotos para la implementación del Plan Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), ambos programas creados por el acuerdo de paz con las FARC-EP de 2016. Irregularidades y falta de cumplimiento con los acuerdos han determinado su fracaso en la región, generando rabia y frustración en varias organizaciones sociales. Muchos de los hogares que en Cáceres y Tarazá entraron a hacer parte del PNIS en el 2017, al no recibir suficiente soporte económico, se dedican hoy a la minería artesanal. Petro hereda estos grandes fracasos de reconversión económica prometida por el PNIS y la falta de inversión en los territorios afectados por el conflicto armado priorizados en los PDET y el reto de encontrar soluciones a la precaria implementación del acuerdo que ha llenado a la población de desconfianza.
Mientras tanto, se generan varias tensiones entre comité del paro y otros sectores sociales. Mientras el comité minero propone la creación de un Distrito Minero (o Agrominero) enfocado principalmente en el tema de la minería, otras organizaciones de la sociedad civil proponen la creación de un “Distrito para la vida” para la promoción de otras actividades productivas. Varias organizaciones también piden al gobierno reconocer la minería legal en la región como un catalizador de conflictos y de incluir a las grandes empresas, como Mineros Aluvial, en este proceso para una planeación más justa del territorio, de la distribución de tierra, y del uso de los recursos naturales. El intento de establecer una Zona de Reserva Campesina entre Tarazá y Valdivia, y de repensar el ordenamiento territorial del área protegida de la Serranía de San Lucas son otros componentes importantes de este proceso de reordenamiento territorial. Además, existe preocupación frente a la falta de participación de las organizaciones sociales, de base, y étnicas en las negociaciones con el gremio minero. Consejos comunitarios afro, resguardos indígenas, organizaciones de la sociedad civil, redes y organizaciones de mujeres piden acceso a estas negociaciones. Elaborar un instrumento de planeación socio-ambiental que incluya las diferentes perspectivas de estos actores sociales es el reto de la construcción de paz en la región.
El paro y las múltiples crisis en el Bajo Cauca: una oportunidad para la “paz total”
La crisis humanitaria, la crisis de seguridad y la penetración de los actores armados en la política regional gracias a los grandes réditos que deja la minería ilegal revelan que en estos territorios son necesarios pactos sociales y políticos que apalanquen las transformaciones estructurales que se requieren para adelantar programas de desarrollo socioeconómico y nuevos ordenamientos territoriales que generen oportunidades laborales dignas y un acceso justo a la tierra y a los recursos naturales. Sin embargo, estos programas deben estar acompañados con una política de seguridad que se centre en proteger los derechos humanos y en perseguir a los actores armados que no cumplan con el cese al fuego bilateral.
La decisión del presidente Petro de suspender el cese al fuego con las AGC y continuar con la destrucción de las dragas, al mismo tiempo que se discute la construcción de un Distrito Minero con la población, es una prueba de fuego para demostrar que la “paz total” es una apuesta integral para desmontar el sistema de guerra que ha imperado en Colombia y transformar las economías de guerra que lo han alimentado durante los últimos 30 años. No obstante, la tensión social que genera la declaración de suspensión del cese al fuego revela la importancia de poner en el centro de la política de seguridad la protección del liderazgo social. El respeto a la población por parte de la fuerza pública, de las AGC y de los otros actores armados que hacen presencia en el territorio es fundamental, ya que la participación libre de las comunidades es clave para la construcción de la “paz total”.
Creditos a todas las fotografías: Chiara Chiavaroli
ABOUT THE AUTHOR
Chiara Chiavaroli
Chiara Chiavaroli es antropóloga y estudiante de doctorado del departamento de Desarrollo Internacional de la London School of Economics (LSE). Miembro de Rodeemos el Diálogo (ReD). Ha sido consultora del instituto de investigación Chatham House y del Centro de Derechos Reproductivos.
Andrei Gomez-Suarez
es profesor investigador en el Centro de Religión, Reconciliación y Paz de la Universidad de Winchester, co-fundador de Rodeemos el Diálogo (ReD), Investigador Asociado en el Departamento de Estudios latinoamericanos, hispánicos y portugueses de la Universidad de Bristol, y consultor senior de Positive Negatives. Es autor de Genocidio, Geopolítica y Redes Transnacionales: una Con-textualización de la Destrucción de la Unión Patriótica in Colombia (Uniandes, originalmente en inglés, Routledge, 2015), El Triunfo del No (Ícono, 2016), productor de La Confianza, y escritor y productor de Jessica: Coca, Estigmatización, Violencia y Desarrollo en Colombia and La Paz Incumplida de Colombia (Positive Negatives, 2020, 2022).
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