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¿Podría la elección de Joe Biden en los Estados Unidos allanar el camino hacia unos diálogos de paz en Colombia entre el gobierno de Iván Duque y la guerrilla del ELN? Gwen Burnyeat y Andrei Gómez-Suárez analizan las percepciones del ELN sobre los obstáculos a la paz, y sugieren que la nueva administración de Biden ofrece una ventana de oportunidad para futuras negociaciones.
La elección de Joe Biden en Estados Unidos ofrece una ventana de oportunidad para cerrar el conflicto armado entre el Estado colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y también para abordar la crisis en Venezuela que ha sido agravada por el anticomunismo promovido por Donald Trump e Iván Duque. La crisis regional y el conflicto armado en Colombia están íntimamente ligadas. Para aprovechar esta oportunidad, es necesario comprender los obstáculos que históricamente el ELN ha identificado para avanzar en una agenda de paz. Este análisis podría ofrecer herramientas al nuevo gobierno norteamericano y al gobierno de Duque para empezar a recomponer la crisis regional que involucra a Estados Unidos, Colombia, Cuba y Venezuela.
La muerte de alias “Uriel”, tercer comandante del Frente de Guerra Occidental del ELN, ha sido presentada por el gobierno de Duque como un gran golpe a la insurgencia, privilegiando la búsqueda de una victoria militar. Sin embargo, la lucha revolucionaria del ELN históricamente se ha sobrepuesto a grandes golpes militares; por ejemplo, revivió después de la Operación Anorí en 1973, en la que cayó casi toda la dirección guerrillera, gracias a un profundo arraigo en sus bases sociales. Por tanto, desde nuestra perspectiva, el conflicto armado con el ELN solo puede resolverse a través de una negociación política.
Para que una futura negociación llegue a buen término, hemos argumentado que es imprescindible entender las perspectivas de cada lado. Esto significa situar los discursos del ELN sobre los retos para la paz hoy en día, en el contexto de sus narrativas identitarias; no para tomarlas como verdades absolutas, ni para refutarlas, sino para comprenderlas como muestras de una mentalidad históricamente construida que influye en sus decisiones. A continuación, resumimos las propuestas de paz del ELN en clave histórica, y luego analizamos cuatro obstáculos que el ELN ha planteado frente a una paz negociada, cuya más reciente expresión fue un discurso hecho por “Pablo Beltrán”, integrante del Comando Central (COCE) del ELN, en una conferencia virtual en la Universidad Nacional de Colombia en julio de 2020. Beltrán participó desde La Habana, donde se encuentra desde 2018 junto con Gabino, comandante máximo del ELN y parte del COCE, y otros cuatro miembros de la Dirección Nacional, quienes son delegados del ELN para negociaciones de paz con el gobierno colombiano.
La lucha armada del ELN y sus apuestas para una paz negociada
El ELN salió a la luz publica en enero de 1965 con el llamado Manifiesto de Simacota, en el que explicó su levantamiento armado como un programa revolucionario para liberar al país “de los monopolios internacionales y la oligarquía criolla”. Durante sus primeros 25 años, el ELN no consideró posible una salida política a su levantamiento armado, siendo fiel a su lema “ni un paso atrás, liberación o muerte”. Mientras otras insurgencias le apostaban al proceso de paz con el gobierno de Belisario Betancur en los años 1980, el ELN se expandía militarmente porque consideraba que era posible tomarse el poder por la vía armada.
Esto cambió en 1992, con los diálogos de paz de Caracas y Tlaxcala entre el gobierno de César Gaviria y la Coordinación Guerrillera Simón Bolívar, una plataforma donde convergieron el ELN y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejercito del Pueblo (FARC-EP), entre otras insurgencias. En este marco, el ELN propuso realizar tres “encuentros de la nación” y una serie de diálogos regionales, donde diferentes sectores sociales pudieran contribuir sus propuestas para la paz. Urgían construir una agenda de paz que diera respuesta a las demandas de varios sectores de la sociedad, y proponían una agenda de discusión que incluía la redistribución equitativa de riqueza y poder, el control soberano sobre los recursos naturales (en particular respecto al extractivismo extranjero), el desmonte del paramilitarismo, y la reparación a las víctimas.
Aunque estos diálogos fracasaron, desde entonces el ELN ha publicado varias propuestas de paz que se basan en la participación y el diálogo social, incluso en el marco de negociaciones con el gobierno de Álvaro Uribe, y luego con el gobierno de Juan Manuel Santos, con quien se acordó una agenda que retomó varias de las demandas de los años 1990. A pesar de algunos avances en esa negociación, no lograron llegar a un acuerdo final, y el proceso quedó en manos de Duque, quien terminó el proceso después de la bomba del ELN a la Escuela de Cadetes de Policia General Santander en enero de 2019.
Para analizar las posibilidades de una paz negociada es importante mirar la agenda de paz del ELN, pero quizás más importante aún es entender cómo esta guerrilla concibe los obstáculos a la paz. Estos revelan su percepción del otro con quien tendría que negociar. Ya que los acuerdos de paz por naturaleza son producto de un proceso de contestación entre antiguos enemigos, es crucial indagar por las percepciones que tiene el ELN de su contraparte.
Los obstáculos en 2020
En su discurso en la Universidad Nacional Beltrán planteó que hay cuatro obstáculos para la paz. Tres de ellos tienen que ver con la lectura del ELN frente a su contraparte en la negociación – en sus palabras, “las clases dominantes”. El cuarto está relacionado con el contexto geopolítico, en particular, con Estados Unidos – en sus términos, el “imperio norteamericano”. En resumen, Beltrán dijo: (1) que las clases dominantes exterminan violentamente a sus contradictores; (2) que estas clases “no quieren cambiar” ni el modelo económico, ni el sistema político, ni la distribución de tierras, “porque están cómodas”; (3) que estas clases no están dispuestas a reconocer las responsabilidades propias, aunque quieren que la guerrilla reconozca sus acciones violentas; y (4) que hacer un proceso de paz en Colombia sería inútil si no hay un cambio en Washington, porque el gobierno de Trump utiliza Colombia como “peón de brega” en su ataque hacia Venezuela y crea “un ambiente de más guerra” en la región con sus políticas de erradicación forzada, que van en contra de la política de sustitución de cultivos ilícitos del acuerdo de paz de 2016, y acciones como el envío de tropas a Colombia.
Esta es la lectura del ELN – o por lo menos de los que están en La Habana. El ELN no es una entidad homogénea – es un ecosistema complejo compuesto por individuos y frentes en diferentes lugares, con diferentes historias de vida y experiencias de guerra. La separación entre el equipo negociador en Cuba y el resto del ELN en Colombia tiene implicaciones importantes. Según el reglamento interno del ELN, cuando un integrante de la Dirección Nacional esta por fuera del país, pierde su comandancia y no puede dar ordenes; esto implica perder cierta influencia discursiva sobre la identidad de la tropa. Además, existe una división política en el ELN entre un sector que está interesado en explorar negociaciones de paz (que incluiría a Beltrán), y otro sector que tiene una línea más dura (de la que formaba parte Uriel) – lo cual no significa que no sean capaces de actuar de forma unida. Con la orden judicial de Interpol que pidió Iván Duque en 2019, los negociadores en la Habana no pueden regresar a Colombia, y esto aumenta los efectos de esta separación. El gobierno interpreta esto como un triunfo militar al poner fuera de combate a varios comandantes y el jefe máximo del ELN; pero también tiene implicaciones para el liderazgo interno.
Sin embargo, las organizaciones guerrilleras, aunque son heterogéneas, reproducen identidades, cultura, e interpretaciones de la realidad compartidas. Un análisis histórico de los obstáculos que ha identificado el ELN a lo largo de los años nos permite asumir que el discurso de Beltrán representa la interpretación de una gran mayoría de los elenos y también sus bases, aunque seguramente algunos sectores hacen más énfasis en unos puntos que otros, dependiendo de dinámicas regionales y los liderazgos locales. Para que una negociación tenga éxito, el ELN tendría que ver una posibilidad de cambio por lo menos en uno de estos cuatro obstáculos: es decir, tendrían que ver una ventana de oportunidad de cambio de “las clases dominantes”, y/o del “imperio norteamericano”. ¿Podría el triunfo de Biden ser interpretado por el ELN como un cambio en su panorama?
La llegada de los Demócratas a la Casa Blanca implicará un giro de 180 grados en la política exterior norteamericana, en particular frente a América Latina. Es de esperar que la nueva administración busque una salida diplomática a la crisis con Venezuela y apoye el proceso de paz en Colombia. Los primeros meses de Biden son una oportunidad para sentar las bases de un contexto geopolítico favorable a la paz en la región, y el ELN es consciente de eso. Sin embargo, es más difícil que el ELN interprete que hay cambios en los otros obstáculos.
Los obstáculos en perspectiva histórica
En medio de los acercamientos con el gobierno Uribe, el ELN publicó un comunicado el 25 de agosto de 2005, que expuso cinco obstáculos que la guerrilla veía para la paz en ese momento. En resumen, los cinco puntos fueron: (1) la negación de “las causas sociales, económicas y políticas que originaron el conflicto”; (2) la concepción de la paz como “un asunto entre la insurgencia y el gobierno”, en vez de entenderla como algo que debería involucrar a todos los colombianos; (3) la negación de los profundos impactos humanitarios que ha dejado el conflicto en los sectores más empobrecidos; (4) la negación del gobierno de la existencia del conflicto armado; y (5) la “falsa negociación del gobierno con los paramilitares”, porque “nunca existió una guerra entre ellos, siempre ha habido cooperación y coordinación”.
Hay continuidades evidentes en las lecturas de 2005 y 2020. El discurso de Beltrán se enfoca explícitamente en su percepción del “otro”, a quien señala de ser el culpable de no poder avanzar en la construcción de paz en Colombia. El comunicado de 2005 construye un “otro” más difuso, que no solamente incluye el gobierno de Uribe (explícitamente mencionado en dos puntos), sino que se refiere a una tendencia generalizada entre las elites de negar la naturaleza política del conflicto, sus impactos en la sociedad, y la necesidad de que la construcción de paz involucre la participación de todos los colombianos. Hay dos continuidades conceptuales importantes entre estos dos discursos. Primero, la idea que no se quiere reconocer el origen del conflicto en las desigualdades sociales, económicas y políticas del país. En el discurso de Beltrán, esto se refleja en su lectura de que “las clases dominantes no quieren cambiar”. Segundo, la concepción de que la negociación con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) fue una farsa, que se refleja en el discurso de Beltrán como la idea de que “las clases dominantes no quieren reconocer sus responsabilidades”.
¿Son reales los obstáculos?
Hablar de “la clase dominante” en Colombia es hablar de una entidad menos homogénea aún que el ELN. No es una organización con reglamento y membresía en la que se puede establecer quién es integrante y quién no. Por eso la percepción del ELN frente a su ‘otro’ con quien tendría que negociar es más difusa que al revés; pero esa es la naturaleza de las insurgencias. El ELN ha desarrollado esta percepción difusa de su contraparte por lo menos desde 1992, cuando propuso a la sociedad a discutir doce temas para resolver el conflicto armado, pero identificó “a la oligarquía colombiana, el capital transnacional y el Pentágono” como los mayores obstáculos “al proceso democratizador”. El sector al que se refiere abarca las familias más poderosas del país en materia política y económica, y las elites socioeconómicas (burocráticas, administrativas, militares, legislativas, judiciales, y empresarios), que convergen difusamente en clubes, empresas, asociaciones, instituciones públicas y privadas, y redes transnacionales de todo tipo.
Ahora bien, hay evidencia que respalda en parte la lectura del ELN. El libro recién publicado de Andrés García Trujillo, ex asesor de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz durante el gobierno Santos, revela las contradicciones al interior de ese gobierno, donde unos sectores estaban a favor de una reforma rural redistributiva real, pero otros no estaban dispuestos a permitir cambios de fondo. Tras el triunfo del No en el Plebiscito en 2016 y la elección de Duque en 2018, la agenda redistributiva del acuerdo en buena parte ha sido debilitada. Sin embargo, esto no significa que no podría haber una mayoría de elites en un futuro que logren aceptar y promover unas transformaciones mínimas en la desigualdad social, económica y política del país; quizás no a la altura de las expectativas del ELN, pero de eso se tratan las negociaciones, de ceder de lado y lado. La clave estará en evaluar el balance de poder político en el momento de abrir una negociación en el futuro: ¿hay suficientes elites progresistas en diferentes puestos de poder, tanto en el Congreso, como en el gobierno nacional y los gobiernos locales, como en las asociaciones económicas principales del país, para ganar en contra de la elite más conservadora y reacia a perder algunos de sus beneficios de la estructura desigual?
El problema de la redistribución también se refleja en el problema del reconocimiento de responsabilidades. La tragedia de William Shakespeare, Romeo y Julieta, cuenta la historia de dos familias, los Montague y los Capulet, enfrentados en una guerra sangrienta durante muchos años. La obra termina con las muertes de Romeo y Julieta, amantes condenados por enamorarse con alguien con el apellido equivocado. Sobre sus cadáveres, las cabezas de cada familia lamentan las pérdidas, reconocen la pérdida del otro, y la necesidad de poner fin a su guerra para evitar más víctimas. Esto es un modelo de dos partes reconociendo sus responsabilidades de manera equitativa. En la práctica, es difícil que una guerrilla y un gobierno, como representante de las elites de su sociedad (una representatividad que ya de por sí varía administración tras administración), se reconozcan como iguales de esta manera, especialmente en una democracia donde no hay una transición de régimen. Sin embargo, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición creado por el acuerdo de paz ha abierto una oportunidad para que todas las partes que participaron directamente en el conflicto reconozcan responsabilidades. Existen mecanismos para que tanto el gobierno como el ELN de alguna manera den la cara frente a las atrocidades del pasado, lo cual significaría participar en ese sistema de manera sincera y honesta, y expresar algo de contrición. La pregunta es si ambas partes están dispuestas a aprovechar esta oportunidad.
El tema del paramilitarismo ha sido uno de los nudos en las negociaciones de paz debido a las diferentes interpretaciones del conflicto. La naturaleza y el nombre de los grupos armados pos-desmovilización – las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, los Rastrojos, las Águilas Negras, entre otros – es un campo de batalla ideológico, jurídico e histórico. Algunos los interpretan como “los mismos que antes”, con los mismos nexos sistemáticos con el Estado. Otros los interpretan como grupos armados criminales al servicio del narcotráfico. Existen investigaciones que demuestran que hay continuidades y también rupturas – pero cómo nombrar estos grupos y cómo hablar de su naturaleza sigue siendo un tema que divide. Cuando Beltrán habla en 2020 sobre la necesidad de que “las clases dominantes” reconozcan sus responsabilidades en el conflicto, construye sobre la interpretación histórica del ELN, evidente desde 2005, de que el paramilitarismo es uno de los principales problemas del país, y que la elite colombiana tiene gran responsabilidad en ello. La realidad de estos vínculos es compleja, y solamente puede ser demostrada mediante investigaciones judiciales y no judiciales del Sistema Integral y otras instituciones involucradas en la implementación del acuerdo de paz, pero mientras tanto, es urgente desmantelar estos grupos, independiente de cómo los nombren, porque el principal obstáculo para la paz hoy día es la nueva ola de violencia que está en auge, con el asesinato de cerca de mil líderes sociales y 237 ex combatientes de FARC desde 2016.
Las tareas pendientes
Para abrir la ventana de oportunidad que ofrece el nuevo gobierno estadounidense, el ELN tendría que reconocer las posibilidades de la nueva coyuntura geopolítica, pero también estar dispuesto a reconocer las perspectivas del gobierno. De igual manera, tanto el gobierno de Duque como las redes implicadas en lo que el ELN percibe como “las clases dominantes” tendrían que adaptarse a la nueva geopolítica que implica la llegada de Biden, además de los otros cambios regionales como el triunfo de Arce en Bolivia y el referendo en Chile. Esto significaría recomponer las relaciones con los Demócratas – afectadas por la campaña a favor de Trump desplegada por el Embajador de Colombia en Washington y otros políticos colombianos -; desnarcotizar las relaciones bilaterales para apostar por una solución integral al problema de los cultivos ilícitos; desmontar el discurso anticomunista al estilo de la Guerra Fría que ha dominado la agenda de cooperación regional; y revitalizar el enfoque de paz y derechos humanos que estuvo en el centro de la agenda de Biden cuando fue vice-presidente de Obama. Con este tipo de cambios, la coalición de Duque podría volverse más moderada, alejándose de las facciones más radicales. Pero si Duque quiere abrir una negociación con el ELN, tendrá que comprender su mentalidad históricamente construida. Aprendiendo de los errores del pasado y no enfocándose exclusivamente en las estrategias militares que solo ayudan a reciclar la violencia, el gobierno podría actuar de tal manera que el ELN identifique un cambio en los obstáculos a la paz. Biden tiene muchas dificultades por delante para recuperar la estabilidad en la región, pero un proceso de paz con el ELN sería una tarea clave, y apoyarlo sería una oportunidad histórica.
ABOUT THE AUTHOR
Gwen Burnyeat
Gwen Burnyeat es investigadora postdoctoral en Antropología en Merton College, Universidad de Oxford, y doctora en Antropología de la Universidad de Londres (UCL). Es autora de ‘Chocolate, Politics and Peace-Building: An Ethnography of the Peace Community of San José de Apartadó, Colombia’ (Palgrave Macmillan 2018), y productora del documental etnográfico ‘Chocolate de Paz’ (2016).
Andrei Gomez-Suarez
Andrei Gómez-Suárez es co-fundador de Rodeemos el Diálogo (ReD), investigador asociado en la Universidad de Bristol y el Instituto de las Américas de UCL, es autor de los libros Genocidio, Geopolítica y Redes Transnacionales (Uniandes 2018), y El Triunfo del No (Ícono 2016), guionista y productor de Jessica: coca, estigmatización, violencia y desarrollo en Colombia (Positive Negatives, 2020).
Biden y Harris (Tomada de: New York TImes - ReduxStock)
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